Quiénes Somos
El Instituto de Capacitación Legal, -INCAL- es una asociación de servicio al público, de carácter no gubernamental, sin fines lucrativos, creada en agosto del año 2006, con domicilio social en la calle B, No. 9, Mirador Norte, del Distrito Nacional, República Dominicana, teléfono 809-530-4677 y 829-733-4677, Fax, 809-530-4677
Promueve el fortalecimiento de la educación y los conocimientos en el área legal y de los derechos humanos, para contribuir a la consolidación del Estado de Derecho, con un programa educativo y uno social.
El Instituto de Capacitación Legal, esta fijada en el área de la educación y la salud, que bajo el slogan “Haciendo Fácil el Camino Difícil”, desarrollamos un programa educativo y otro de ayuda social, a los fines de fortalecer la democracia, promover los derechos humanos y disminuir el impacto de la pobreza en los más necesitados.
Tomando en cuenta que la República Dominicana se encuentra en un proceso de evolución legislativa, con transformaciones significativas del ordenamiento legal en su rama procesal penal y derecho penal material, mientras consolida el Estado de Derecho, refuerza su institucionalidad democrática, avanza hacia reformas constitucionales, moderniza la seguridad ciudadana, amplía sus relaciones internacionales, promueve la inversión extranjera, el desarrollo de nuevos mercados turísticos, la inserción en la era digital a través de parques cibernéticos y la tecnología de la información y la comunicación, en momentos en que se formalizan los acuerdos internacionales del tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, hemos decidido, junto a un grupo de unos cincuenta colegas de diferentes profesiones (abogados, médicos, contables, mercadólogos, publicistas, psicólogos, policías), llevar a cabo un ciclo de conferencias de actualización de la nueva normativa procesal penal, así como en materia penitenciaria, prevención del crimen y áreas de seguridad ciudadana, junto a esfuerzos por llevar reparto de útiles escolares, canastas alimenticias, canastillas para mujeres embarazadas y operativos médicos.
Es en este entorno de desarrollo social y económico que pretendemos fortalecer la seguridad jurídica que propicia la inversión privada, estimula el progreso de los pueblos, la creación de empleos y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y visitantes, conscientes de que la consolidación del Estado de Derecho y el respeto y protección a los derechos humanos se vinculan con el sistema de justicia, la educación y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Es nuestro firme propósito coadyuvar en los procesos de difusión y uso de las novedosas reglas jurídicas, así como el fortalecimiento de la eficacia de la justicia, la transformación en cultura de la paz y la solidaridad de nuestras prácticas habituales, la prevención del delito y elevar el nivel y la calidad de vida de los dominicanos y visitantes.
Los objetivos se alcanzarán por medios lícitos y ajustados a la ética, con un profundo respeto a los derechos humanos, a través del consenso, la concertación, negociación y prácticas de los mejores procesos y procedimientos democráticos, mediante el uso de los más modernas técnicas de la pedagogía y otras ramas del saber científico, según las disposiciones del reglamento académico general o del reglamento del programa correspondiente.
Los recursos a utilizar se captarán mediante los mecanismos y procesos aprobados en el reglamento de captación de recursos y se usarán de la forma establecida en el reglamento del uso de los fondos sociales, de conformidad con el presupuesto general de la organización y del correspondiente programa.
La auditoría de valores y de recursos humanos, procesos y procedimientos dará seguimiento a la correcta actuación y adecuado uso del nombre del Instituto, su logo, emblema y marca, así como a los bienes y recursos de la organización, recomendando directamente a la Asamblea General la aplicación del reglamento disciplinario en los casos necesarios.
Los diversos programas coordinarán sus actividades y velarán por la eficacia de las actuaciones públicas de la organización, conforme los plazos y límites establecidos en la calendarización correspondiente.
